Delfina Pozos propone regular la comunicación digital de las y los diputados en Puebla
La diputada Delfina Pozos Vergara, de la Representación Legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presenta ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Ética Legislativa, con el objetivo de establecer reglas claras para el uso de redes sociales y plataformas digitales vinculadas con el ejercicio de la función parlamentaria.
La propuesta plantea incorporar al Código de Ética Legislativa un nuevo capítulo denominado “De la Comunicación Digital Parlamentaria”, con disposiciones que permitan distinguir entre las cuentas personales de las y los legisladores y aquellas utilizadas para comunicar actividades relacionadas con su función pública.
Pozos Vergara señaló que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación entre representantes y ciudadanía, pues a través de ellas las y los diputados informan sobre iniciativas, votaciones, gestiones y actividades parlamentarias, además de recibir peticiones y denuncias ciudadanas.
La iniciativa parte del reconocimiento de que la investidura legislativa no limita la libertad de expresión de las diputadas y los diputados. Por ello, establece expresamente que las opiniones políticas, ideológicas o personales no deberán ser objeto de censura ni de sanción por su contenido.
Al mismo tiempo, propone establecer límites cuando exista un vínculo objetivo entre una actividad digital y el ejercicio de la función pública, particularmente cuando se utilicen recursos públicos o cuentas institucionales.
Entre las medidas planteadas destacan:
• Definir qué debe entenderse por comunicación digital parlamentaria,
cuenta institucional, cuenta personal, recursos públicos y plataforma digital.
• Establecer que las cuentas institucionales deberán identificarse claramente
como medios vinculados con el ejercicio de la función legislativa.
• Determinar que una cuenta personal no se convertirá automáticamente en
institucional por el simple hecho de que su titular sea diputada o diputado.
• Prohibir el uso de recursos públicos para promover actividades comerciales
o profesionales particulares, obtener beneficios económicos privados o promover
intereses particulares de terceros.
• Evitar que la investidura, instalaciones, personal, equipo o recursos tecnológicos del Congreso sean utilizados para generar contenido comercial, publicitario o promocional de carácter estrictamente particular.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la protección del derecho de la ciudadanía a la crítica. La iniciativa establece que las cuentas institucionales o aquellas vinculadas con la gestión legislativa no deberán bloquear, restringir o impedir el acceso de una persona únicamente por emitir opiniones críticas, desfavorables o contrarias a la posición de la legisladora o legislador.La propuesta también contempla que las actividades comerciales, profesionales, publicitarias o remuneradas desarrolladas mediante plataformas digitales deberán sujetarse a las disposiciones aplicables en materia de incompatibilidades, conflictos de interés, responsabilidades administrativas y uso de recursos públicos, evitando que las redes sociales sean utilizadas para evadir las obligaciones derivadas del régimen de incompatibilidad parlamentaria.
Asimismo, Delfina Pozos plantea incorporar una cláusula expresa para establecer que ninguna disposición del Código pueda interpretarse como una autorización para establecer censura previa o restringir opiniones políticas, ideológicas o personales por su contenido.
La iniciativa establece además criterios para determinar cuándo una conducta digital está relacionada con el ejercicio de la función legislativa, entre ellos la naturaleza de la cuenta, el origen de los recursos utilizados, la finalidad de la comunicación, su relación con las funciones legislativas y si se emplearon medios, instalaciones, personal o recursos públicos.
La legisladora priista sostuvo que la intención de esta propuesta no es vigilar la vida privada de las y los diputados ni controlar sus opiniones, sino actualizar las reglas éticas del Poder Legislativo frente a una realidad en la que las redes sociales forman parte cotidiana del ejercicio de la representación pública.
De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y el Congreso contaría con un plazo de 180 días naturales para adecuar sus disposiciones reglamentarias y administrativas, particularmente en materia de identificación y administración de cuentas institucionales y comunicación digital parlamentaria.
Con esta iniciativa, Delfina Pozos Vergara busca que el uso de las plataformas digitales por parte de las y los legisladores se rija por principios de transparencia, responsabilidad, integridad, rendición de cuentas y respeto a la libertad de expresión, fortaleciendo la relación entre el Poder Legislativo y la ciudadanía en el entorno digital.
