Delfina Pozos busca frenar el uso político de los programas sociales en Puebla
Los programas sociales son derechos de la ciudadanía y no herramientas para promover funcionarios, construir candidaturas o comprar respaldo político. Bajo esta premisa, la diputada local Delfina Pozos Vergara presenta una iniciativa para poner límites al uso político de los apoyos gubernamentales en Puebla.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar que la entrega de recursos, bienes y servicios públicos se realice bajo principios de imparcialidad, transparencia, austeridad y neutralidad institucional.
Delfina Pozos advierte que los recursos destinados a combatir la pobreza y atender a las familias en situación de vulnerabilidad no pueden utilizarse para construir proyectos políticos personales.
Señala que las entregas de apoyos sociales frecuentemente se convierten en eventos de promoción de funcionarios, con escenarios, templetes, propaganda, discursos y fotografías, donde la atención deja de centrarse en las necesidades de las personas beneficiarias y se concentra en la imagen de quienes encabezan las administraciones.
La diputada sostiene que ninguna persona debe sentirse obligada a agradecer públicamente un apoyo que se financia con recursos de la ciudadanía, ni participar en actividades políticas para conservar un beneficio que le corresponde por derecho.
“Los programas sociales no son regalos de los funcionarios, no salen de sus bolsillos y tampoco deben convertirse en instrumentos para comprar voluntades. Son recursos públicos y deben entregarse sin condicionamientos políticos”.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa destaca el reconocimiento expreso de nuevos derechos para las personas beneficiarias: recibir los apoyos sin condicionamientos políticos, negarse a participar en ceremonias, discursos, fotografías o grabaciones promocionales y no ser obligadas a expresar agradecimiento o respaldo personal hacia servidores públicos.
Asimismo, mediante la incorporación del artículo 19 Quáter, la propuesta establece prohibiciones específicas para evitar que los programas sociales se utilicen con fines de promoción personal, partidista o electoral.Entre las conductas que busca impedir se encuentran:
• Promover candidaturas, aspiraciones electorales o partidos políticos durante la entrega de apoyos.
• Presentar los recursos públicos como regalos o aportaciones personales de funcionarios.
• Condicionar beneficios a la asistencia a mítines, concentraciones o eventos políticos.
• Exigir fotografías, videos o mensajes de agradecimiento a las personas beneficiarias.
• Utilizar padrones y datos personales para propaganda, afiliación o movilización partidista.
• Destinar recursos humanos, materiales y financieros de los programas a actividades electorales.
La iniciativa también establece que las autoridades estatales y municipales deben privilegiar mecanismos de entrega directa, eficiente y accesible, como depósitos, transferencias electrónicas, módulos institucionales y entregas domiciliarias.
Las entregas colectivas únicamente se justifican cuando existen razones operativas, territoriales, comunitarias o de accesibilidad debidamente acreditadas.
En periodos electorales, las autoridades deben ajustar las modalidades de entrega a las disposiciones legales y evitar eventos masivos que comprometan los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
Delfina Pozos subraya que su propuesta no busca detener los programas sociales ni perjudicar a sus beneficiarios, sino garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes los necesitan, sin que su entrega se convierta en un mecanismo de promoción política.
Esta iniciativa da continuidad a la propuesta que presenta el 16 de abril de 2026 para regular la comunicación social institucional de las secretarías estatales y evitar la promoción personalizada de servidores públicos.
Finalmente, la legisladora sostiene que combatir la pobreza requiere políticas públicas eficaces, instituciones responsables y recursos transparentes, no espectáculos políticos financiados con el dinero de la ciudadanía.
