Consulta pública sobre derechos de las audiencias abre debate sobre libertad de expresión
La consulta pública sobre los lineamientos para regular los derechos de las audiencias ha generado un debate en torno a la libertad de expresión y las obligaciones de los medios de comunicación. La Mtra. Shanik Amira David George, coordinadora de Proyectos Académicos y responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, explicó que una de las principales preocupaciones se relaciona con la obligación de los medios de difundir información veraz y las facultades de las autoridades para sancionarlos.
La propuesta establece criterios para distinguir entre información noticiosa, opinión y publicidad, además de contemplar obligaciones relacionadas con la debida diligencia de los medios. Para la académica, si bien quienes trabajan en comunicación reconocen la responsabilidad de publicar información veraz, existen circunstancias en las que puede difundirse información equivocada sin que esto implique necesariamente una intención de engañar: una fuente puede proporcionar datos incorrectos o incluso un documento oficial puede contener información errónea.
En este sentido, la Mtra. David George destacó la diferencia entre un error y la publicación de información falsa con conocimiento de su falsedad. Señaló que el concepto de real malicia permite establecer un límite cuando se difunde información sabiendo que es falsa, pero advirtió que determinar cuándo existe esta intención implica un desafío.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas han establecido criterios respecto de los límites que pueden imponerse a la libertad de expresión, como que la información falsa no es precisamente maliciosa y puede difundirse con algunas reservas; aspectos que parecen dejarse de lado en estos lineamientos.
También genera preocupación la facultad que los nuevos lineamientos otorgarían a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para intervenir en las quejas presentadas contra medios de comunicación. La figura de la persona defensora de las audiencias ya se encuentra contemplada en la legislación mexicana y tiene entre sus funciones recibir quejas de la ciudadanía, analizar los casos y emitir resoluciones, recomendaciones o solicitudes de corrección.
El problema, explicó la académica, aparece cuando una persona inconforme con la resolución de la defensoría puede acudir ante la autoridad reguladora y, si esta considera que existe alguna anomalía, sancionar al medio de comunicación. Desde su perspectiva, esto representa un riesgo debido a que una institución pública estaría adquiriendo nuevas facultades para intervenir y sancionar a medios.
La Mtra. Shanik David vinculó esta preocupación con el contexto latinoamericano de utilización de mecanismos legales para limitar o perseguir el trabajo periodístico. Las llamadas SLAPP son un ejemplo: demandas utilizadas para intentar restringir el debate público, así como casos en los que herramientas legales creadas con otros objetivos han sido empleadas contra medios y periodistas.
La académica también llamó la atención sobre las condiciones particulares de las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, sectores que, a su consideración, han quedado particularmente desatendidos en la propuesta debido a disposiciones que podrían afectar su operación.
Por ello, es relevante la participación ciudadana en la consulta pública actualmente en curso. No obstante, cuestionó que este ejercicio se realice después de la publicación de los lineamientos y planteó que una consulta previa con televisoras, radiodifusoras y, especialmente, radios comunitarias e indígenas habría permitido identificar y atender posibles problemas antes de establecer las nuevas disposiciones.
La discusión, concluyó, plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y la garantía de la libertad de expresión, particularmente para evitar que mecanismos destinados a fortalecer la responsabilidad de los medios puedan convertirse en herramientas de presión o sanción contra el ejercicio periodístico.
Cabe mencionar que la IBERO Puebla emitió un análisis sobre la Propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el cual envió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como parte del proceso de consulta pública.
