Formalizan terminación anticipada de la deuda del Museo Barroco; continúan investigaciones corruptas
Abel Cuapa
Durante la firma del Convenio para la Terminación Anticipada del contrato del Museo Internacional del Barroco, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que eso permite que el estado deje atrás una deuda de más de 10 mil millones de pesos impuesta durante gobiernos anteriores.
Explicó que el acuerdo, alcanzado con la empresa Hermes Infraestructura, permitirá que el estado pague únicamente 2 mil millones de pesos, con lo cual se cancela una deuda que se proyectaba hasta el año 2039.
Además, el Museo del Barroco pasa a ser formalmente propiedad de Puebla.
Explicó que en Puebla no hay proyecto más caro que aquel que no cumple con su propósito, en este marco mencionó que desde el inicio de la administración han trabajado con eficiencia, honestidad y responsabilidad, lo que obligó a revisar los contratos heredados de distintas administraciones y ante ello iniciaron el proceso de terminación anticipada del contrato del Museo Internacional del Barroco.
García Parra enfatizó que el Museo Internacional fue concebido como un importante proyecto cultural, y después de una década los beneficios fueron nulos, resaltó que de 2016 a mayo 2025 se han pagado más de 4 mil millones de pesos, mientras que el monto proyectado de 2025 a 2039 sería de 10 mil millones.
Aseveró que el acuerdo no implica que se detengan las investigaciones en contra de las y los servidores que utilizaron dicho esquema para saquear las finanzas del Estado. “Se trata de una decisión técnica jurídica y estrategia para proteger las finanzas del Estado”, afirmó García Parra.
En su mensaje, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Víctor Hugo Domínguez, detalló que después de un análisis profundo, jurídico, económico, financiero y social se tomó la decisión responsable de la terminación anticipada del contrato, ya que de continuar con el pago de 10 mil millones de pesos hasta 2039, se causaría un grave daño al erario del estado, que afectaría gravemente a las finanzas de las próximas administraciones, de tal forma que el acuerdo implica realizar únicamente el pago de 2 mil millones de pesos.
