20 Organizaciones manifiestan preocupación ante propuesta de arrancones “legales”

Al menos 20 organizaciones se oponen a que en Puebla se legalicen las carreras de autos.

Señalaron que en México, los siniestros viales son la principal causa de muerte de personas jóvenes entre 15 y 29 años. Las muertes por esta causa son prevenibles, y es responsabilidad de las autoridades garantizar la no repetición de este tipo de eventos.

Expresaron su profunda preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno del Estado de Puebla para legalizar los llamados “arrancones” y permitir su realización en espacios controlados autorizados por la autoridad.

Si bien coincidieron en la necesidad de atender las prácticas de conducción riesgosa que hoy ocurren de manera informal, la solución no puede construirse normalizando actividades que promueven el exceso de velocidad. La seguridad vial exige políticas basadas en evidencia, no en apuestas populistas que incrementan el riesgo para toda la sociedad.

Expresaron que la conducción a alta velocidad, incluso en un espacio controlado, sigue siendo riesgosa. Cuenta de ello son todas las precauciones y medidas que se implementan en eventos de
automovilismo deportivo, que hacen de esta actividad una que requiere de cuantiosos recursos económicos utilizados para realizar diversas actividades: inspecciones vehiculares; capacitación a personal; revisión y en su caso mantenimiento para llantas,
frenos y luces para que estén en buen estado; pruebas de estado etílico previas a las competencias.

“No se trata sólo de abrir una pista y permitir su uso. Hay responsabilidad civil involucrada desde quien organiza estos eventos, gestiona los espacios y participa en los mismos”.

Aseguraron que legalizar competencias de aceleración normaliza y promueve una conducta que los gobiernos deberían desalentar, especialmente en un estado donde la velocidad ya es un problema crítico de seguridad pública.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece el mandato de reducir los factores de riesgo, entre ellos la velocidad, y obliga a las autoridades a priorizar la vida y la integridad de las personas. Cualquier política que incentive prácticas de riesgo va en sentido contrario a esta obligación.

Además de ser contrario a la Ley, recalcamos que no existe evidencia de que legalizar arrancones reduzca los riesgos que estos representan. Experiencias internacionales y nacionales muestran que:

●Los “espacios controlados” no eliminan la práctica informal en la vía pública.
●Las competencias motorizadas fomentan dinámicas asociadas a comportamientos
temerarios en entornos urbanos, fuera de los espacios controlados.
●Su operación requiere altos estándares técnicos, infraestructura especializada,
protocolos de protección y personal calificado, muy por encima de lo que se ha anunciado hasta ahora, que eleva los costos de esta actividad y que constituye uno
de los motivos por los que se seguirá optando por alternativas clandestinas si no se establecen controles para inhibir su práctica.

Dedicar recursos públicos para organizar e incluso construir infraestructura para estas actividades en vez de priorizar la inversión en seguridad vial constituye un dispendio y un uso caprichoso del erario.

Puebla necesita políticas serias para la seguridad vial. En lugar de impulsar prácticas de riesgo, exigimos al Gobierno del Estado lo siguiente:

●Fortalecer los operativos de control de velocidad y alcoholimetría.
●Invertir en infraestructura segura, especialmente para el rediseño de las vías donde
suceden este tipo de competencias.
●Implementar programas de licencias graduales, cursos y pruebas prácticas para
conducción segura, no sólo con simuladores, sino con exámenes con vehículos y
evaluadores.
●Atender a víctimas de siniestros y prevenir nuevos casos.

Finalmente, señalamos claramente que las familias de víctimas merecen respeto, no señales equivocadas. Legalizar arrancones en un estado donde miles de familias han perdido a un ser querido por hechos viales envía un mensaje doloroso e irresponsable.

“El gobierno debe estar del lado de la vida, no del espectáculo. Hacemos un llamado respetuoso pero firme al Gobernador Alejandro Armenta Mier y a su
Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, así como al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, el Diputado Pavel Gaspar, para rechazar cualquier iniciativa que promueva actividades de riesgo y, en su lugar, fortalecer una política integral de seguridad vial alineada con la LGMSV y con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección a la vida.