Frente a la reforma antilavado, Coparmex defiende un equilibrio entre regulación y competitividad empresarial
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconocemos la importancia de fortalecer el marco normativo en la prevención del lavado de dinero y coincidimos en la necesidad de asegurar la transparencia financiera conforme a estándares internacionales.
No obstante, advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPyMEs, que representan el 99% del entramado productivo nacional.
Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
Estas modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios.
Además, obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunado a ello, prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes.
La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución.
Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto representa una carga económica difícil de absorber. El desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos.
Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100% de la operación.
La eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas. Reiteramos que la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas son fundamentales.
Sin embargo, para que cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial. Muchas unidades económicas registradas como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI.
La propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios. Llamamos a los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis y discusión se tomen en consideración el diálogo, la evidencia y la responsabilidad.
Proponemos un modelo proporcional, escalonado y con incentivos que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs. Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial. México exige instituciones sólidas, normas efectivas y una regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan empleo.
